Las crónicas periodísticas dicen que Sam Altman, CEO de Open AI, empresa desarrolladora de ChatGPT y DALL-E, se reunió en La Moncloa con Pedro Sánchez para hablar del futuro de la inteligencia artificial y, en concreto, sobre la Ley IA pendiente de aprobación en la Unión Europea y con la que el empresario estadounidense afirmó estar dispuesto a colaborar. En Madrid manifestó que “la inteligencia artificial es tan peligrosa como las armas nucleares”, y por eso apoya su regularización. Sin embargo, más tarde, en una conferencia en Londres aclaró que retiraría sus servicios de Europa si no consideraba adecuadas las regulaciones de la UE.

No hay razón para desconfiar del noble propósito de brindar su apoyo a poner coto a una invención que adoptará vida propia de forma paulatina, pero tampoco hay razón para obviar el hecho de que su posición le permite reclamar una regulación y colaborar. Es evidente que se creará una normativa ad hoc por el impacto de la IA en la libertad de las personas, en la privacidad y en la seguridad, y es de inteligencia natural adelantarse a ello. Cuanto antes se produzca, más habilidades se crearán para contrarrestar los efectos nocivos del invento y antes podrá saber el empresario de la IA los impactos que producirá la regulación en su negocio. Pero la recomendación no es tan neutra como aparenta. Precisamente, en pleno debate sobre la privacidad y la libertad de elección que la IA produce, en España hemos tenido un ejemplo de que, si un Gobierno puede utilizar la tecnología para controlar, lo hace. Unas veces de forma abierta y otras, encubierta. El hecho sorprendente es que aquellas personas que preferían, en el ejercicio libre de sus derechos, pagar el alquiler de su vivienda con la moneda de curso legal y en efectivo, ya no podrán hacerlo porque la nueva Ley de la Vivienda se lo impide. Esta ley modifica la disposición final primera, la Ley 29/1994 de 24 de noviembre de Arrendamientos Urbanos, y redacta el artículo 17,3 en los siguientes términos: “El pago se efectuará a través de medios electrónicos. Excepcionalmente, cuando alguna de las partes carezca de cuenta bancaria o acceso a medios electrónicos de pago y a solicitud de esta, se podrá efectuar en metálico y en la vivienda arrendada”.

Varios expertos ya han afirmado que la modificación de la Ley de Arrendamientos Urbanos podría infringir los artículos 3.1,c) y 119 a 144 del Tratado Fundacional de la Unión Europea al quebrarse el respeto al curso legal de los billetes y monedas en euro, que implica su capacidad para liberar obligaciones de pago y contraviene la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, que proscribe la negativa a aceptar el pago en efectivo, tipificando como infracción esa prohibición (artículo 47.1,ñ). Por tanto, en primer lugar, es una ley que contradice frontalmente a otra ley y, en segundo término, con esta nueva Ley de Vivienda España será el primer país de la zona euro en prohibir de forma específica el uso del euro físico como medio de pago.

Los euros entraron en circulación en el año 2002. Hoy en día es la moneda de veinte países de la UE y de más de 346 millones de europeos; y, además, hay un asunto geoestratégico muy relevante: el euro es la segunda divisa de reserva en el mundo (en billetes físicos). Y justo a punto de asumir la presidencia europea, en España se limita su uso en una parte de la economía sin motivo alguno conocido o expresado públicamente.

Existía ya una limitación de los pagos superiores a los 1.000 euros, es decir, los arrendamientos superiores a esa cantidad y donde alguna de las partes fuese un empresario o un profesional ya tenía prohibido su pago en metálico por la Ley 11/2021; por tanto, es evidente que la nueva afectará sobre todo a los pagos por debajo de esa cantidad, que son más propios de trabajadores y de la clase media. No tiene ningún sentido.

El efectivo es un bien básico y el acceso a él un servicio universal, como las telecomunicaciones, la energía o correos. Varios grupos de población necesitan el dinero en efectivo y otros, también numerosos, no quieren prescindir de él. Es el medio de pago más usado como confirman los datos del Banco de España y del Banco Central Europeo (BCE). Y no se trata de una costumbre española, porque también cuenta con un apoyo mayoritario en Suiza, donde su Gobierno quiere garantizar la disponibilidad de dinero en efectivo a través de su Constitución y permitirá que los ciudadanos decidan en un referéndum de carácter nacional. Suiza es el país con más apego al efectivo del mundo, y sus ciudadanos mantienen una media de 11.000 euros en papel moneda cada uno. Mientras los principales bancos del mundo estudian la creación de versiones digitales de sus monedas, Suiza promueve justo lo contrario.

El Gobierno español ha tomado partido por una opción de pago concreta frente a otra contraviniendo su propia normativa, de manera que con su decisión sobre el pago de los alquileres reduce las alternativas a los ciudadanos y establece sin motivo una incomprensible discriminación.

Los medios de pago en España conviven con el dinero efectivo y así lo demuestra la cantidad de transacciones en moneda que se materializa diariamente. Es una repuesta libre a un hecho cotidiano que ahora la Ley de Vivienda restringe y que ha pasado casi inadvertido por la distracción informativa que siempre generan los procesos electorales.

Carlos Balado es profesor de OBS Business School y director de Eurocofin

Fuente: Cinco Días