Relacionar el uso del efectivo con el fraude fiscal constituye una vinculación desproporcionada, asegura la plataforma
Madrid, 8 de mayo de 2024. La Plataforma Denaria muestra su respaldo al acuerdo alcanzado por el Parlamento Europeo a un paquete legislativo para reforzar la lucha de la Unión Europea contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, que incluye fijar en 10.000 euros el límite máximo para pagos en efectivo en todos los estados de la Unión, incluida España.
El límite no se aplicará a las operaciones realizadas entre personas físicas que no ejerzan una función profesional, ni a los pagos o depósitos efectuados en entidades de crédito.
Esta decisión deberá ser aprobada formalmente por el Consejo Europeo antes de su publicación en el Diario Oficial de la UE.
La normativa incluye medidas reforzadas de diligencia debida y controles de la identidad de los clientes, tras lo cual las denominadas entidades obligadas (por ejemplo, bancos, gestores de activos y criptoactivos o agentes inmobiliarios y virtuales) tienen que notificar actividades sospechosas a las Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) y otras autoridades competentes.
En las nuevas normas se establece que los pagos en dinero efectivo podrán alcanzar un máximo de 10.000 euros, para hacer más difícil a los criminales el lavado de dinero negro. Los estados miembros contarán con flexibilidad para imponer límites máximos más bajos, si lo desean.
Por esa razón Denaria considera que es necesario que la medida sea aplicada en nuestro país en su nivel máximo, ya que la legislación en España prescribe que no pueden pagarse en efectivo las operaciones de importe igual o superior a 1.000 euros (si el pagador es un particular no residente, el límite es de 10.000 euros) cuando alguna de las partes intervinientes actúa en calidad de empresario o profesional. Los límites no se aplican a las operaciones entre partes que no actúen en calidad de empresarios o profesionales, como es el caso de los pagos hechos por particulares y a particulares, ni a los pagos y depósitos en entidades de crédito. Hasta julio de 2021 este límite era de 2.500 euros y 15.000 euros, respectivamente.
Denaria recuerda que hace dos años el Banco Central Europeo (BCE) emitió un dictamen sobre la normativa española de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal por iniciativa propia en el que calificaba de "desproporcionado" reducir hasta los 1.000 euros el límite del pago en dinero físico para las operaciones en que una de las partes actúe como empresario o profesional.
El BCE indicaba que la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo, en materia de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, aunque confirma la vulnerabilidad al blanqueo de capitales y a la financiación del terrorismo de los pagos de grandes sumas en efectivo, solo requiere que las personas que negocien con bienes, normalmente no sujetas a la Directiva, se consideren entidades por ella obligadas y apliquen medidas de diligencia debida respecto de sus clientes cuando efectúen o reciban pagos en efectivo de un importe igual o superior a 10 000 euros. Esto significa que la ley debería establecer un umbral proporcionado para la limitación de los pagos en efectivo, teniendo en cuenta los objetivos de dicha limitación, según indicaba el propio dictamen.
El supervisor europeo señalaba también que esta legislación "discrimina a los pagos hechos por residentes", al tiempo que considera que el régimen sancionador resulta "desproporcionadamente elevado", al establecer multas del 25 % del importe pagado.
La ampliación en el límite máximo de utilización del efectivo en pago de bienes y servicios supondría un impulso a la utilización del dinero físico por parte de los ciudadanos. Prueba de la importancia del efectivo, las retiradas de fondos en cajeros automáticos durante 2023 estuvieron a punto de igualar los registros de 2019, el año previo a la pandemia del coronavirus y que marcó un máximo histórico en este sentido.
El interés de los ciudadanos por el efectivo resulta aún más notable si se tiene en cuenta la disminución del parque de cajeros automáticos, que disminuyen a un ritmo de 2.000 anuales. El año pasado el número de cajeros automáticos se redujo en 7.000 unidades respecto al que había en 2019.
Asimismo, Denaria quiere insistir en que no existen pruebas que vinculen el efectivo con el fraude. El presidente de la plataforma, Javier Rupérez, resalta que el fraude fiscal no está en el uso del efectivo y que relacionar el uso del efectivo con el fraude fiscal constituye una vinculación desproporcionada, porque hoy en día la tecnología ha dado lugar a que la trazabilidad de los flujos financieros ilegales se haya hecho tremendamente complicada, como demuestra el hecho de que la Unión Europea tiene que adoptar medidas específica en ámbitos distintos al dinero físico y establece en 10.000 euros el límite de pago en efectivo.
Las nuevas leyes garantizan que las personas y entidades con un interés legítimo, incluidos periodistas, organizaciones de la sociedad civil, las autoridades competentes y los organismos de supervisión, tengan acceso inmediato, sin filtros, directo y gratuito a la información sobre la titularidad real contenida en los registros nacionales e interconectada a escala de la UE. Además de la información actual, los registros incluirán datos de hasta cinco años atrás.
Las leyes también otorgan a las UIF más poderes para analizar y detectar casos de lavado de dinero y financiación del terrorismo, así como para suspender transacciones sospechosas.
