En el Wall Street Journal, el 26 de junio publiqué una carta al editor sobre el aumento de los pagos electrónicos y la caída del efectivo.

En el artículo al que respondí, Oyin Adedoyin señaló que las empresas se han alejado del efectivo por diversas razones. Por ejemplo, pagar con tarjeta puede ser mucho más rápido que contar el cambio. Asimismo, no tener que almacenar grandes sumas de efectivo puede reducir los riesgos de robo (tanto internos como externos). Sin embargo, como señalé en mi carta, también vale la pena señalar hasta qué punto el propio gobierno desalienta el uso de efectivo.

Por su parte, el Servicio de Impuestos Internos hace todo lo posible para evitar aceptar efectivo. En otros lugares, la ley exige que los ciudadanos se informen entre sí cuando realicen pagos en efectivo superiores a 10.000 dólares. El incumplimiento puede resultar en una multa de 25.000 dólares o cinco años de prisión. También está el régimen de la Ley de Secreto Bancario con el que lidiar, un régimen que etiqueta ampliamente a las empresas como “instituciones financieras” y les exige que también informen sobre las transacciones.

La lista continúa, pero el punto es simple: el efectivo se está volviendo menos común por muchas razones, pero no debemos perder de vista que algunas de esas razones son decisiones tomadas por el propio gobierno.

Por Nicholas Anthony, analista de políticas en el Centro de Alternativas Monetarias y Financieras del Instituto Cato y miembro de la Fundación de Derechos Humanos (HRF).

Fuente: Instituto CATO