En la sociedad actual, con la digitalización avanzando a pasos agigantados, el pago en efectivo está siendo amenazado. Más allá de ser una herramienta de transacción, es un pilar esencial que protege la libertad económica, la inclusión financiera y un medio de pago irremplazable en situaciones de emergencia o conflicto bélico.

Es necesario ahondar en la conciencia política y pública en España sobre la relevancia del efectivo desde el punto de vista social y económico, reconociendo que, como servicio esencial, su acceso debe ser garantizado por los poderes públicos, al igual que se garantiza la prestación de bienes y servicios fundamentales como las infraestructuras, la electricidad o la educación.

Aunque se han aprobado leyes para asegurar la aceptación del efectivo, la realidad es que cada vez la Administración pone más obstáculos para su uso. Las trabas impuestas desde las propias instituciones públicas son una prueba de esto.

En España, por ejemplo, se establecen límites al pago en efectivo mucho más restrictivos, pues mientras que el BCE sugiere un límite de 10.000 euros, en España este se reduce a 1.000 euros, limitando significativamente la capacidad de los ciudadanos de usar su dinero en efectivo en transacciones mayores.

Urge eliminar de la normativa toda discriminación relacionada con el pago en efectivo. Por ejemplo, la Ley 12/2023, por el derecho a la vivienda, impide el pago del alquiler con dinero en efectivo, lo que perpetúa una discriminación injusta contra quienes prefieren o necesitan utilizar el efectivo.

Adicionalmente, la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y las normas autonómicas impiden la deducibilidad de las obras en viviendas si el pago se realiza con dinero de curso legal en efectivo, lo cual es una clara discriminación que debe ser corregida para garantizar que todos los ciudadanos tengan las mismas oportunidades y beneficios fiscales independientemente del método de pago que utilicen.

El trato de las Administraciones Públicas frente al efectivo debe ser neutral, de forma que se garantice la libertad de elección. Por lo que las dotaciones presupuestarias en defensa de cualquier tipo de pago deben ser cuantitativamente iguales, y el pago en efectivo debe recibir el mismo trato legal en la normativa estatal, autonómica y local que otros modos de pago, algo que actualmente no se cumple en la práctica. El efectivo es bueno para el sistema financiero, generando confianza al brindar la seguridad de que cualquiera puede retirar depósitos del banco en todo momento. Sin efectivo, los clientes de los bancos no tendrían medios para hacerlo.

Las propias entidades públicas son frecuentemente las que reciben más quejas por no aceptar efectivo en diversos servicios, como inspecciones técnicas de vehículos (ITV), piscinas, transporte público y pago de tasas.

Es necesario dar a conocer ampliamente que la aceptación del pago en efectivo es obligatoria por ley y que existen sanciones si no se permite, como establece el artículo 47 de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (RD 24/2021). Desde el 28 de mayo de 2022, se considera una infracción en materia de defensa de los consumidores y usuarios la negativa a aceptar el pago en efectivo dentro de los límites legales, y que su incumplimiento conlleva sanciones que varían entre 150 euros y 100.000 euros. Cabe enfatizar, asimismo, la necesidad de un apoyo institucional que garantice el mantenimiento de la infraestructura del efectivo, precisamente por ser uno de los principales medios de pago y el que obtiene un mayor respaldo ciudadano.

Puntos accesibles y sostenibles

Las razones anteriores justifican el apoyo urgente al dinero en efectivo. Es imperativo que las autoridades velen por asegurar la existencia de puntos accesibles y sostenibles para el depósito de efectivo. Los gobiernos deben garantizar una red adecuada mediante la incorporación de estas funciones en los nuevos cajeros y en los sustituidos. La fortaleza del efectivo depende en gran medida de su uso, y a su vez está condicionada por la facilidad de acceso, que sin embargo se ve dificultado por el cierre de cajeros y de sucursales bancarias.

Además, se debe brindar a los consumidores transparencia sobre los costes de todas las formas de pago. Los gobiernos deben ir más allá de la legislación existente y hacer obligatoria la transparencia de costes, establecida mediante una metodología común y acordada, incluyendo costes inmateriales, como los datos de usuario, y costes ocultos, como los fraudes en tarjetas de crédito.

Los ciudadanos se manifiestan claramente en favor del efectivo. En pleno impulso del euro digital, necesitan certeza de que el efectivo recibe apoyo público, político y presupuestario. De lo contrario, se estará apostando por una iniciativa que competirá y no complementará al efectivo, desarrollándose al margen de la voluntad ciudadana y sin transparencia.

Si este enfoque hacia el efectivo continúa, en unos años la situación podría ser irreversible. En este contexto, el sector público es el único que puede garantizar la supervivencia y existencia de infraestructuras de suministro del efectivo, asegurando así que ningún ciudadano se quede atrás en la economía digital. Por estas razones, instamos a las autoridades a tomar medidas decisivas para proteger y promover el uso del efectivo en nuestra sociedad.

Javier Rupérez, Presidente de Plataforma Denaria

Fuente: Expansión