• Denaria presentó ayer un documento de posicionamiento en el que recoge aquellos aspectos que considera que el Defensor del Pueblo debería apoyar
• Pese a las dificultades de acceso al dinero efectivo, una mayoría de la población lo utiliza en su día a día
• El mayor incumplimiento de la Ley al rechazo el efectivo se produce en las Administraciones Públicas

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Madrid, 30 de julio de 2024. La Plataforma Denaria, que aboga por la defensa del uso del dinero en efectivo, ha mantenido una reunión con el Defensor del Pueblo para transmitir la necesidad urgente de un mayor respaldo institucional a este medio de pago. Durante el encuentro, Denaria entregó un documento con una lista de propuestas que permitan asegurar y reforzar el acceso y la aceptación del efectivo, en respuesta a la alta demanda de la población de este medio de pago y ante la imperiosa necesidad de estar preparados para afrontar incidentes informáticos como el recientemente ocurrido en todo el mundo, que supuso graves afectaciones a servicios básicos ciudadanos como el transporte colectivo aéreo y por ferrocarril, la red de estaciones de servicio o la operativa de los supermercados, entre otros.

Denaria destacó la importancia de aumentar la conciencia de las instituciones públicas y la Administración en España sobre la relevancia del efectivo en el día a día de los ciudadanos, tanto desde el punto de vista social como económico. Al igual que otros servicios esenciales como la electricidad o la educación, el acceso al efectivo debe ser garantizado como un derecho por los poderes públicos.

A este respecto, Denaria explicó al Defensor del Pueblo que, como riesgos que amenazan al efectivo, en primer lugar, destaca que no se ha divulgado de forma conveniente el derecho de los ciudadanos a pagar con dinero en efectivo, ni la obligación existente desde mayo de 2022 de aceptación del pago efectivo, recogida en la Ley General para la Defensa de los consumidores y Usuarios (RD 24/2021). Es necesario que los ciudadanos conozcan que es obligatoria la aceptación del pago en efectivo en cualquier transacción y que son aplicables sanciones para los casos en los que no se permite pagar en efectivo, como establece el artículo 47 de la citada Ley).

En segundo lugar, se echa de menos un mayor apoyo institucional que garantice la supervivencia del dinero en efectivo y el mantenimiento de la infraestructura del ciclo del efectivo, a pesar de ser uno de los principales medios de pago y el que obtiene un mayor respaldo ciudadano.

Y, en tercer lugar, no hay neutralidad por parte de las autoridades comunitarias en la protección del efectivo como medio de pago. El gasto del Eurosistema para el desarrollo del proyecto del euro digital está estimado en 1.200 millones de euros mientras no se están llevando a cabo mecanismos de apoyo a las infraestructuras de efectivo como oficinas y cajeros.

A pesar de que la legislación existente obliga a aceptar el pago en efectivo, Denaria señaló, que, en la práctica, se siguen imponiendo trabas a su uso, especialmente desde las instituciones públicas, tal y como se acreditó ante el Defensor del Pueblo con los datos recibidos en el canal de denuncias de la plataforma.

Entre los principales problemas legales identificados se encuentran: el límite de pago en efectivo de 1.000 euros en España, significativamente inferior a la referencia de 10.000 euros establecida en la reciente Directiva de Prevención de Blanqueo de Capitales aprobada por el Parlamento Europeo, las restricciones en el pago del alquiler según la Ley 12/2023 o la discriminación en deducciones fiscales al pagar en efectivo, como se dan en la Ley 6/2017 de Reformas Urgentes del Trabajador Autónomo y en la Ley 35/2006, reguladora del IRPF y las normativas autonómicas.

Asimismo, Denaria presentó una serie de propuestas al Defensor del Pueblo para mejorar la situación del efectivo en España, entre las que se destacan:

• Los gobiernos deben garantizar una red adecuada de puntos de retirada y depósito de efectivo accesibles y sostenibles para la obtención de efectivo.
• Los gobiernos deben ir más allá de la legislación existente y hacer obligatoria la transparencia de costes de todas las formas de pago para informar al consumidor, establecida mediante una metodología común y acordada, incluyendo tanto costes inmateriales, como los datos de usuario, y costes ocultos, como los fraudes en tarjetas de crédito.
• Eliminar restricciones a billetes de alta denominación.
• Educar a las nuevas generaciones sobre el valor del efectivo y comunicar su papel en la identidad nacional y estabilidad económica.
• Asegurar que exista la neutralidad normativa y que el efectivo recibe el mismo trato legal que otros métodos de pago en todas las normativas.
• Respaldo público, político y presupuestario del dinero en efectivo ya que es fundamental para amplios grupos sociales y los ciudadanos se manifiestan claramente y con contundencia en favor del efectivo. Por lo tanto, en pleno impulso del euro digital, es necesaria la certeza de que recibe, apoyo institucional como así ocurre con la nueva moneda del BCE.

El Defensor del Pueblo se mostró de acuerdo con las ideas de Denaria, ya que también puso de manifiesto el problema de la restricción al uso del efectivo y la disponibilidad de este en su informe publicado el pasado mayo sobre “Retos de la inclusión financiera: Servicios bancarios y personas vulnerables”.

En concreto, en su informe pone de manifiesto el problema social y económico que supone que en apenas 15 años se hayan cerrado más de la mitad de las oficinas bancarias en nuestro país y la necesidad de abordar el problema de la exclusión financiera desde una perspectiva integral.

También recomienda realizar con carácter periódico evaluaciones sobre el impacto que la aplicación de la normativa de prevención del blanqueo de capitales puede tener sobre determinados colectivos en situación de vulnerabilidad o en riesgo de exclusión social, y espera que se reinicie con la mayor brevedad el procedimiento parlamentario de aprobación de la norma reguladora de la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero. En su informe considera muy necesario el desarrollo de planes de educación financiera, aunque no puede pretenderse que esta sea por sí misma la solución a los problemas de exclusión financiera.

En el transcurso del encuentro, Denaria mostró al Defensor del Pueblo su agradecimiento por la política de defensa del uso del efectivo por parte de los ciudadanos, que ha mantenido siempre esta alta institución durante el ejercicio de sus funciones.

La reunión concluyó con un compromiso de lucha conjunta para asegurar que las autoridades tomen medidas para mejorar la infraestructura de acceso al efectivo, atendiendo a la voluntad ciudadana y evitando las graves consecuencias para la sociedad del agravamiento de la exclusión financiera debido a las restricciones de acceso al mismo.

 

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