Los planes estratégicos de las autoridades fiscales europeas y norteamericanas destacan las operaciones con criptoactivos en sus objetivos prioritarios de persecución del fraude, por encima del dinero en efectivo.

El nivel de fraude fiscal asociado al efectivo es estadísticamente poco significativo y no existe una evidencia real que demuestre que limitar el efectivo reduce los niveles de blanqueo. De hecho, las estadísticas en España muestran que el nivel de fraude fiscal se mantiene sostenido desde el 2006 y, por lo tanto, las medidas que limitaban el uso de efectivo a los 2.500€, aprobadas en 2012, no habrían demostrado resultados.

Sin embargo, el auge de un método de pago basado en la encriptación de sus usuarios, como es el caso de las criptodivisas, está favoreciendo el fraude fiscal y la economía sumergida muy por encima del dinero en efectivo que, en realidad, representa un aspecto marginal en relación con dicho fraude.

Recientemente, la agencia pública estadounidense FinCEN, encargada de detectar el blanqueo de dinero, ha recibido informes de actividad sospechosa de varias empresas financieras de San Francisco, epicentro del intercambio de criptomonedas del mundo. Concretamente, recibió, en 2021, 206.527 informes de actividad sospechosa (Sas) procedentes de San Francisco, un 180% más que en 2020 y un 1.290% más con respecto a 2019, según datos de la consultora Dynamic Securities Analytics (DSA).

También en EEUU se ha detenido a una pareja de empresarios acusados de blanquear hasta 3.100 millones de euros a través de una plataforma de criptodivisas, la mayor incautación hasta la fecha.  Y Rusia, por su parte, ha anunciado su intención de que estos activos financieros sean regulados por el Estado con estrictas obligaciones, entre ellas, la de identificarse adecuadamente.

La Comisión Europea, por su parte, en sus planes de lucha contra el blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, ya señaló la necesidad de un paquete de acciones necesarias -para mitigar los riesgos nuevos emergentes- entre los que se encuentra la ampliación de los requisitos de trazabilidad a los criptoactivos.

Y es que aspectos como la dificultad para identificar a los titulares o que haya plataformas de compra y venta situadas en países con jurisdicciones poco transparentes, complican hacer frente a este reto que, tal y como apunta el Plan Estratégico de la Agencia Tributaria 2020 – 2023, debe afrontarse por la comunidad internacional de la forma más coordinada posible.

De hecho, el Plan Anual de Control Tributario y Aduanero de 2022 de la Agencia Tributaria, publicado en el BOE el pasado 31 de enero, pone el foco, entre otros aspectos, en las monedas virtuales, de cara a facilitar el cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias derivadas de las transacciones realizadas, así como el control de su correcta tributación.