Europa estaría barajando expedientar a España por la limitación a los pagos en efectivo contemplada en la ley española de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, que establece un tope de 1.000 euros para los pagos en efectivo en las operaciones en las que alguna de las partes actúe en calidad de empresario o profesional.

Según informa El Economista, la Comisión Europea estaría analizando la legalidad de la normativa, en contra del criterio del Banco Central Europeo (BCE). En concreto, la Dirección General de Fiscalidad y Unión Aduanera de la UE habría creado ya un expediente e iniciado el procedimiento administrativo comunitario contra esta legislación.

Una evaluación que se basa en el dictamen del BCE -emitido el pasado 15 de marzo- sobre la ley española en el que considera “desproporcionado” reducir a 1.000 euros el límite de los pagos en efectivo. En el texto, el banco central advierte de que la normativa no aborda el riesgo de exclusión financiera de reducir sustancialmente el “ya bajo límite existente de 2.500 euros”.

Y recuerda que el efectivo es esencial para muchos grupos sociales que por “razones legítimas prefieren utilizar el efectivo”, así como un medio fundamental para la inclusión financiera para “personas de tercera edad, inmigrantes, discapacitados, ciudadanos socialmente vulnerables o cualquier persona con acceso limitado a los servicios digitales”.