La Comisión Europea prescinde de la neutralidad y prima la divisa digital frente al efectivo en los desarrollos legislativos sobre la nueva moneda
La creación de monedas digitales privadas que puedan competir con el euro se ha convertido en una preocupación para la Unión Europea y también para el BCE, hasta el extremo de que ambas instituciones han decidido avanzar en la creación de un euro digital para frenar la posible influencia de las criptodivisas, un medio de pago que al carecer del respaldo público conlleva elevados riesgos para sus tenedores.
Los recientes fracasos de este tipo de monedas han restado importancia a estos competidores del futuro euro digital, pero han generado numerosas dudas tanto en las criptodivisas como en el propio euro digital, la mayoría de estas relacionadas con el grado de aceptación por parte del público de un euro digital y la demanda de esta divisa para realizar pagos cotidianos.
De hecho, el lanzamiento de un euro digital exige abordar previamente, con la suficiente seriedad y profundidad, su impacto en algunos colectivos especialmente vulnerables, como las personas discapacitadas, mayores o las que viven en el medio rural, e incluso la propia convivencia con las criptodivisas.
Es cierto que la Comisión Europea (CE) ha mostrado su voluntad de equiparar el euro digital y el dinero físico, sin embargo, los últimos desarrollos legislativos en la Unión Europea (UE) se están caracterizando por la discriminación del dinero en efectivo frente al euro digital.
Es necesario advertir que la propuesta legislativa actual de la Unión Europea legitima un sistema con dos formas de dinero público (físico y digital) con regulaciones que no resultan en absoluto homogéneas, cuando debería existir una neutralidad en las condiciones de utilización de ambos medios de pago, como los propios bancos centrales han manifestado en distintas ocasiones.
Una discriminación del euro físico frente al digital supondría incentivar la implantación masiva de este último, y con ello se alejaría del objetivo de los bancos centrales de que tanto uno como otro sean complementarios y, por tanto, el principio de neutralidad preconizado por la Comisión y el Banco Central Europeo respecto a los medios de pago a disposición de los ciudadanos de la eurozona, estaría amenazado.
En la propuesta legislativa que desarrolla la CE existe otra laguna preocupante, como es el hecho de la fijación de excepciones al pago con efectivo, un hecho que puede llevar a suprimir la obligatoriedad de aceptación del dinero físico, aun cuando en España la obligatoriedad de aceptación del efectivo está recogido por la Ley. El esquema legal en el que trabaja la UE debería establecer de forma más clara esa obligatoriedad de aceptación del euro físico, minimizando al máximo posible las excepciones y sometidas a acuerdos bilaterales bajo la conformidad de ambas partes.
La propuesta legislativa tampoco garantiza un acceso amplio y fácil al efectivo. Y más si se tiene en cuenta que la infraestructura de acceso se está deteriorando en toda la eurozona por el cierre de oficinas bancarias.
En estos momentos, estas propuestas han pasado la fase de consulta pública, pero resulta muy preocupante que, como afirma la Comisión Europea en la exposición de los motivos que se utilizan para justificar el lanzamiento del euro digital, el euro físico no es suficiente en una economía digitalizada y que esto afecta a su funcionalidad como ancla monetaria del dinero de los bancos comerciales.
Si esto es como dice la CE y el euro físico no es suficiente para cubrir las necesidades de una economía digitalizada, ¿qué certeza existe de que un euro digital complementario y no sustitutorio del dinero físico sí lo sea? A no ser que se esté pensando en que la economía digital solo es controlable mediante una moneda virtual que termine por desplazar a las monedas y billetes por la fuerza de los hechos consumados.
En consecuencia, si no se establecen urgentemente medidas legislativas de protección que fortalezcan significativamente el estatus de moneda de curso legal del efectivo en euros (aceptación y acceso) y estas no se aplican, las economías de la eurozona y sus ciudadanos podrían perder la infraestructura de dinero público del Banco Central y esto se traduciría en una pérdida de una forma de pago establecida, confiable, resiliente y ampliamente aceptada y adoptada por el público en su vida diaria.
Asimismo, a diferencia de la propuesta sobre el euro digital, en el caso del efectivo no existe una obligatoriedad para los diferentes agentes que participan en su distribución, lo que podría menoscabar el acceso de los ciudadanos a billetes y monedas en euros en el caso de que la infraestructura del efectivo actualmente en manos privadas pudiera deteriorarse por falta de viabilidad económica.
La propuesta establece también medidas de seguimiento sobre los aspectos relacionados con estas formas de pago. Pero resulta peligrosa la implantación de indicadores comunes a todos los países, teniendo en cuenta las singularidades de cada territorio y su idiosincrasia.
Igualmente, el procedimiento de implantación recogido en la propuesta puede ser demasiado lento, de forma que, en un mundo en rápida evolución, las medidas que se deben adoptar para paliar una situación detectada uno o dos años antes de su lanzamiento pueden llegar demasiado tarde y ser, por tanto, ineficaces.
Una de las grandes ausencias del paquete legislativo es la consideración del efectivo como elemento de contingencia y respaldo del sistema monetario en situaciones de seguridad nacional, en la medida en que el euro digital, como cualquier otro elemento sujeto al funcionamiento de redes y sistemas electrónicos, está expuesto a una alta vulnerabilidad.
No es la primera vez que un apagón deja sin posibilidad de usar medios electrónicos, y sin alternativa alguna al alcance de toda la población que subsane esa emergencia, los daños de todo tipo pueden ser muy relevantes.
Por tanto, la consideración del efectivo como elemento sustancial en términos de seguridad geopolítica deberían garantizarse mediante medidas que no están contempladas en este paquete legislativo.
En definitiva, la iniciativa legislativa de la Comisión Europea supone una clara apuesta institucional por el dinero digital público, lo que es difícilmente compatible con la idea de complementariedad entre efectivo y el euro digital, conduciendo inevitablemente a un menor uso del efectivo al no garantizar de forma efectiva su estatus legal, aceptación, acceso y distribución.
Javier Rupérez es presidente de Plataforma Denaria
Fuente: Cinco Días