La privacidad de los datos es un motivo de grave preocupación entre los ciudadanos que, coincidiendo hoy con el Día Internacional de la Privacidad de la Información (o Día de Privacidad de los Datos), lleva a varias reflexiones.
Quienes abogamos por el uso y el acceso al efectivo vemos en este medio de pago la forma más segura, económica y fiable para evitar robos de información cuando se utilizan medios de pagos digitales. Es evidente que los pagos con dinero físico no pueden ser hackeados y este hecho proporciona seguridad y comodidad a la población.
A diferencia de los bienes físicos, es obvio que los datos personales pueden ser copiados, robados, dañados o vendidos sin dejar rastros visibles, y esto plantea graves riesgos financieros y de reputación. Las aplicaciones (apps) suelen ser el principal canal a través del cual se pierde esta información personal sensible. Esto se debe a permisos que se ignoran, olvidos a la hora de actualizar las apps, un software malicioso o el uso no autorizado de datos. El número de aplicaciones en las principales plataformas es abrumador, entre 1,8 millones y 3,3 millones según la firma comercial, por lo que puede ser fácil pasar por alto los peligros potenciales dado que la mayoría de las aplicaciones piden más datos de los que necesitan, como ha puesto de relevancia la industria de la seguridad.
Esto explica, como atestiguan nuestras encuestas, que el efectivo siga siendo relevante para 7 de cada 10 españoles en 2024, sobre todo para la población con mayor edad (80%) y las personas con menores ingresos (88%). Sin embargo, más de la mitad de la población cree que su uso se ha visto dificultado en el último año. La mayoría de quienes consideran importante el efectivo (92%) lo hacen por motivos de privacidad, el porcentaje más alto registrado. También destacan razones como la reducción de riesgos de fraude (86%), su fiabilidad como método de pago que siempre funciona (84%) y su utilidad para controlar gastos (78%).
Como es propio de una sociedad plural, resulta necesario que existan medios de pagos de todo tipo para que los ciudadanos puedan disponer de diferentes alternativas, pero lo cierto es que hoy en día las monedas y billetes son menos vulnerables a los ciberdelitos que los pagos digitales, Podemos constatar que en 2024 ha aumentado la preocupación por los riesgos asociados a los pagos digitales, especialmente en lo relativo a la exposición de la localización (75%) y los hábitos de compra (67%).
Sin embargo, los riesgos que más preocupan siguen siendo la exposición de datos personales y del saldo económico. En este contexto, de alta vulnerabilidad, del que el efectivo se mantiene al margen, nos encontramos todavía con dos factores que supo nen una barrera para la mayor parte de la población que quiere usar este medio de pago.
Dificultad de acceso
Por un lado, el descenso del número de cajeros y, por otro, las limitaciones de la Administración al pago con dinero físico en algunas de sus empresas y servicios contraviniendo sus propias leyes. El descenso de cajeros es de sobra conocido tras los procesos de contratación bancaria en España. En 2024, la percepción de dificultad para acceder al efectivo ha alcanzado su nivel más alto, especialmente entre las personas de mediana edad y los residentes en grandes municipios y por supuesto en los pequeños, de tal manera que el 95% de la población apoya la instalación de cajeros en todos los municipios de cierto tamaño, mientras que otras iniciativas, como el servicio de distribución de efectivo por Correos (70%) o que los comercios actúen como puntos de retirada (68%), también cuentan con gran apoyo.
En cuanto a la segunda dificultad, la posibilidad de pagar con efectivo cuando y donde se quiera, persisten graves limitaciones. Según se recoge en nuestro canal de denuncias, la Administración Pública sigue siendo el sector que concentra el mayor porcentaje de denuncias, representando un 49,57% del total.
Y dentro del sector privado, los establecimientos de venta de productos y servicios en general presentan aún mayor cantidad de quejas con un 19,13% del total. Este tipo de empresas incluye desde supermercados, y tiendas de productos, festivales, hoteles o empresas de seguros.
Le siguen el sector de la restauración, que junto a las empresas de servicios de transporte reciben un 13,91% del total de las denuncias presentadas. Esta restricción a los ciudadanos para poder pagar en efectivo resulta ilegal.
La reforma de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios de mayo de 2022 obliga a todos los comercios a aceptar efectivo como medio de pago dentro de los límites lega les y las sanciones establecidas por incumplimiento van desde los 150 hasta los 10.000 euros.
La libertad para pagar con el medio que se considere más adecuado es potestad de cada ciudadano y las Administraciones están obligadas a velar por este derecho.
Sin embargo, sorprendentemente es posible constatar que las Administraciones públicas no sólo no realizan correctamente su función, sino que incluso no aplican la Ley.
Por tanto, es preciso que en beneficio del interés general y de la protección de la privacidad, la Administración sea más diligente y cumplidora de lo que ha sido hasta la fecha.
Javier Rupérez, Presidente de la Plataforma Denaria
Fuente: Expansión