Pagar en efectivo es una especie de derecho, que en el entorno rural más periférico no pueden ejercer justamente las personas más frágiles, mayores, inmigrantes, los más jóvenes, en las que la liquidez es el modo más habitual.

Luis Antonio Sáez, coordinador del estudio y profesor de la Universidad de Zaragoza

Las personas mayores en zonas rurales sin acceso al dinero en efectivo se convierten en consumidores vulnerables

Un estudio de la Universidad de Zaragoza pone en evidencia que el dinero en efectivo es el método de pago más utilizado en zonas despobladas, por lo que garantizar su acceso es fundamental para mantener su supervivencia

La despoblación es un problema que afecta, sobre todo, a algunas provincias de Aragón, Castilla y León, Castilla-La Mancha o Galicia, entre otras comunidades, que han perdido casi la mitad de su peso demográfico, económico y laboral en los últimos 70 años. En estas zonas tan relegadas, el dinero en efectivo es el método de pago más utilizado, por lo que asegurar su acceso resulta primordial para perseverar la subsistencia de estos pueblos.

Así lo indica el estudio elaborado por la Universidad de Zaragoza, “Análisis del papel del dinero en efectivo en las áreas despobladas en España”, en el que se califica como consumidores vulnerables a las personas mayores de estas zonas despobladas que se topan con dificultades para acceder al dinero en efectivo.

Las áreas rurales se enfrentan a múltiples dificultades por la pérdida progresiva de servicios, entre los que se encuentran los financieros. Desde 2008 el número de oficinas bancarias ha pasado de más de 45.700 a las escasas 20.000 que se calcula habrá a finales de 2020. Este dato confirma que el acceso a los bancos y cajas es “cada vez más restrictivo” para una gran parte de la población y se constata que las zonas rurales de España se enfrentan al “desmoronamiento del sistema financiero”.

Las personas mayores representan el 28,5% de la población rural y son las más afectadas ante el desmantelamiento de la red bancaria. El análisis apunta a que la falta de oficinas bancarias o la dificultad para sacar dinero en efectivo, que es el método de pago más dominante, les precipita a la exclusión financiera y les genera inseguridad.

¿Por qué el dinero en efectivo es un factor determinante para la inclusión social?

El estudio califica a la población mayor de zonas rurales de “consumidores vulnerables” ya que para ellos el efectivo es su medio de pago habitual y es un factor determinante para su inclusión social. El coordinador de este informe y profesor de la Universidad de Zaragoza, Luis Antonio Sáez, considera que pagar en efectivo “es una especie de derecho” y personas que ya tienen limitaciones en otros ámbitos "ven en esta cuestión otra pérdida, que, aunque no es decisiva, se suma a varias, más aún en las pequeñas poblaciones".

Por otra parte, el pequeño comercio también sufre las consecuencias de la dificultad de acceso al dinero y a los servicios financieros de proximidad. Asimismo, la mala conectividad digital y la competencia del canal online intensifican el debilitamiento de la propia economía local. El hecho de estar ubicados en zonas de baja cobertura lleva a que una parte importante de la población rural se vea inducida a esa liquidez física pero de la que se ve privada por la reducción "acelerada" de oficinas y cajeros. Esto hace que no puedan pagar con tarjeta porque hay mala conectividad, pero tampoco pueden sacar dinero de forma fácil.

Propuestas de actuación para mejorar el acceso al efectivo en zonas despobladas

El análisis de la Universidad de Zaragoza incluye diferentes recomendaciones para atajar este problema y esgrime que la solución no debe plantearse en términos puramente económicos. Hace una llamada tanto a las instituciones públicas como a entidades de depósito para que lideren soluciones que busquen la equidad, la cohesión social y la eficiencia para que se refuerce la libertad del individuo y pueda elegir el sistema de pago que más le convenga.

En definitiva, la colaboración entre la iniciativa privada y la pública podría impulsar medidas como la subvención a la instalación y el mantenimiento de cajeros automáticos o facilitar la permanencia de las oficinas establecidas en las localidades más pequeñas, según señala el informe.