La Plataforma Denaria solicita la eliminación de restricciones al uso del efectivo

Coincidiendo con la entrada en vigor de la reforma de la Ley General para la defensa de los Consumidores y Usuarios incluida en el Real Decreto-Ley 24/2021, que impide desde el pasado 28 de mayo la negativa de cualquier establecimiento a aceptar pagos en metálico, la Plataforma Denaria celebró la jornada ‘El acceso al efectivo, un derecho universal y barrera frente a la exclusión financiera’, en el salón de actos de la Asociación de la Prensa de Madrid.

El encuentro reunió a instituciones y entidades sociales para analizar el papel del efectivo y su importancia social y económica, y en el que se expusieron los imperativos para garantizar el acceso al dinero en metálico, entre ellos, la necesidad de frenar el avance de la exclusión financiera que ya sufren muchos ciudadanos.

Inaugurada por Javier Rupérez, presidente de la Plataforma Denaria; y María Isabel Valldecabres, directora general de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre; la jornada contó con la clausura de Bibiana Medialdea, directora General de Consumo, dependiente del Ministerio de Consumo.

Participaron en la sesión, en representación a los colectivos sociales afectados por los riesgos de la exclusión financiera e integradas en la Plataforma Denaria, Luis Cayo Pérez Bueno, presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI); Elisa Nuez Patiño, Vocal de la Junta Directiva de la Confederación Española de Organizaciones de Mayores (CEOMA); María del Carmen Quintanilla, presidenta de la Confederación de Federaciones y Asociaciones de Familias y Mujeres del Medio Rural (AFAMMER); y Agustín Matía, director-gerente de DOWN ESPAÑA. También se unieron Patricia Suárez, presidenta y fundadora de la Asociación de Usuarios Financieros (ASUFIN) y Diana Posada, economista titulada del Banco de España.

Todos coincidieron en poner en valor el esencial papel que el efectivo cumple en el correcto funcionamiento de la sociedad y la economía. “En estos momentos el capital circulante es más alto que nunca, además, no hay que olvidar que en el mundo hay 1.600 millones de personas desbancarizadas, con lo que no podemos plantear debates sobre el efectivo sin tener en cuenta que existen importantes segmentos de población, como en el ámbito rural, cuya actividad diaria depende del efectivo y, por lo tanto, quedarían totalmente excluidos”, destacó Valldecabres.

En el marco de la jornada la Plataforma Denaria presentó una serie de propuestas encaminadas a evitar la exclusión financiera, entre las que destaca la eliminación de restricciones en cuanto al manejo de dinero en efectivo, siguiendo la línea del Real Decreto-Ley 24/2021, que entró en vigor el pasado 28 de mayo.

“Esta nueva normativa impone, dentro de los límites legales, la obligatoriedad de aceptar el dinero en efectivo en cualquier establecimiento y la imposición de sanciones en caso de incumplimiento, con lo que debe suprimirse cualquier barrera al uso del efectivo en España”, recordó Rupérez.

Sobre este asunto, Medialdea recordó que, con esta normativa, que nace con el objetivo asegurar la protección de los colectivos o consumidores vulnerables, “queda garantizado el uso del efectivo, como un elemento fundamental para blindar sus derechos”. Y reiteró que, el derecho al efectivo incluye “dos ejes de trabajo: tanto la posibilidad de usar este método de pago, como la capacidad de poder acceder al mismo”.

Propuestas para evitar la exclusión financiera

Otra de las medidas propuestas fue la elaboración de un mapa de riesgos y situaciones de exclusión financiera atendiendo a factores geográficos, socioeconómicos y culturales, para que sirva como base para el despliegue de soluciones que aseguren el derecho de acceso al dinero en efectivo y a otros servicios financieros, con una infraestructura esencial, viable y sostenible.

En este sentido, y de cara a mejorar este acceso al efectivo, la Plataforma Denaria promueve como medida principal y más efectiva “el establecimiento de una distancia máxima entre cajeros. Una medida que ya está regulada en otros países europeos como Suecia, Holanda y Reino Unido”, señaló Rupérez.

A esto hay que añadir los objetivos de definir la red de efectivo como una Infraestructura Nacional Crítica; diseñar planes por parte de las Entidades Locales (EELL) enfocados a financiar la implantación de cajeros en zonas rurales y despobladas mediante la colaboración público-privada; y potenciar el papel de Correos como instrumento para asegurar la realización de operaciones financieras básicas.

Siguiendo con la idea de aumentar la presencia de cajeros automáticos, la Plataforma Denaria propone la posibilidad de firmar convenios para su instalación en otras redes de servicios al ciudadano con gran capilaridad, como son las farmacias, los estancos, las gasolineras o las administraciones de lotería. También contempla, ante la ausencia de alternativas viables, la instalación de cajeros en edificios públicos. Por último, se solicitaron medidas como recuperar la atención personal en las entidades financieras, apoyándoles en el uso de las aplicaciones digitales y buscando vías de colaboración con centros de día y otros centros de mayores, así como la ampliación del horario de atención en ventanilla.

El acceso al efectivo como garantía de inclusión financiera

Durante la mesa debate ‘Acceso al efectivo como derecho universal’, moderada por la periodista Beatriz Pérez Aranda, los participantes coincidieron con el presidente de CERMI al aseverar que “el dinero en efectivo sigue siendo el método de pago más democrático, porque todas las personas pueden usarlo”, algo que no ocurre con otros métodos de pago, “es inclusivo, más abierto y fácil para las personas con discapacidad física o intelectual, las de edad avanzada y las residentes en entornos rurales”.

Para ello, es clave garantizar la libertad de elección del método de pago para que cada individuo pueda utilizar aquel que le resulte más favorable en cada momento y garantizar su infraestructura de acceso. Además, la representante de CEOMA recordó que, “las personas mayores no estamos en el mundo digital, sino que sufrimos los riesgos de la brecha digital que, en muchas ocasiones, las instituciones están ignorando”.

La máxima representante de AFAMMER insistió en que “hay un 60 % de pueblos en España que están en la sombra, la era digital -acelerada por la pandemia- no ha llegado a la realidad de las familias del mundo rural. En 2025, 4.000 pueblos de España y 3 millones de personas tendrán problemas de acceso al efectivo. El dinero en efectivo representa la inclusión social y la ruptura de toda exclusión”.

Desde DOWN España apuntaron que el manejo del dinero en este tipo de discapacidad cognitiva en una de las grandes dificultades, puesto que la asunción del gasto y de los límites del control de las operaciones son complejas, con lo que tomar consciencia en un entorno virtual de las operaciones económicas llevadas a cabo resulta aún más confuso. “El efectivo es más inclusivo y social. En ningún caso estamos vetando el uso de las herramientas digitales, de hecho, fomentamos el manejo de la tecnología entre las personas con Síndrome de Down. Pero la realidad es que necesitamos herramientas tangibles para poder llevar a cabo diferentes operaciones de su día a día”.

El efectivo y la educación financiera

En la segunda mesa de debate, ‘El efectivo y la educación financiera, una necesidad social’, moderada por el periodista Carlos Sánchez, la representante del Banco de España presentó los resultados del informe del Banco de España ‘Infraestructura del efectivo y vulnerabilidad en el acceso al efectivo en España’.

Según aseguró, en torno al 3 % de la población española (1,3 millones de ciudadanos) “se encuentran en situación de vulnerabilidad financiera en términos de acceso al efectivo y tras el desmantelamiento y cierre de sucursales bancarias, con Castilla León como una de las comunidades autónomas que más dificultades presenta”. Y es que, tal y como recoge el informe, la cifra de cajeros automáticos en nuestro país se ha reducido un 20 % desde el año 2008.

Para la fundadora de ASUFIN, “las instituciones deben hacer un esfuerzo para que el efectivo llegue a todos los ciudadanos” y recordó que desde su organización reivindican que “el euro digital no llegue a ser una sustitución al dinero en metálico”, pues el efectivo es garantía de continuidad y seguridad ante cualquier fallo electrónico.

Por último, los expertos hicieron hincapié en que es necesario que la ciudadanía adquiera una educación financiera que le permita afrontar situaciones y tomar decisiones conscientes en lo referente a su economía, de tal modo que la seguridad y la estabilidad, dos de los rasgos que caracterizan al dinero en efectivo, sean los pilares esenciales de su actividad económica.