El presidente de Denaria Portugal asegura, en la presentación de la entidad en Badajoz, que “la sociedad digital no puede privar a los ciudadanos de sus derechos adquiridos”

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Badajoz, 11 de marzo de 2023. El presidente de Denaria, Javier Rupérez, ha manifestado hoy en Badajoz que el efectivo es un derecho de los ciudadanos, que debe ser respaldado por la Administración Pública. Esta afirmación fue realizada durante la presentación de la asociación Denaria Portugal, creada a partir del modelo existente puesto en marcha por Denaria. Ambas asociaciones persiguen los mismos fines, la defensa del derecho a la utilización del dinero en efectivo por parte de los ciudadanos. El evento ha tenido lugar en la sede de la Caja de Almendralejo en Badajoz, en una jornada sobre el efectivo como medio de pago. En el acto participaron el presidente de Denaria Portugal, Mario Frota, y el de Denaria, Javier Rupérez. Ambas instituciones tienen carácter independiente.

En su intervención, Javier Rupérez señaló que “Denaria es una asociación creada con el objetivo de defender el efectivo como un bien social y público, preservar la libertad de elección de los consumidores y garantizar el pago en metálico como infraestructura crítica en la sociedad y herramienta de inclusión financiera. Hace más de dos años que Denaria inició sus actividades en España, y desde entonces ha defendido la necesidad de asegurar la solidez y permanencia del efectivo ante el creciente avance de los pagos digitales”.

Destacó asimismo que “Denaria se ha convertido en una plataforma de defensa de la utilización del dinero en efectivo como último recurso del buen funcionamiento de los pagos frente a posibles caídas en el suministro eléctrico que pudieran afectar a las operaciones a través de internet”.

Por otra parte, recordó Rupérez que desde que en julio de 2021 entró en vigor la llamada Ley Antifraude, que rebajó el límite para hacer pagos desde 2.500 a 1.000 euros, Denaria ha propuesto la ampliación de ese tope, porque ”no deberían imponerse límites a las transacciones en efectivo, ya que se dificulta significativamente la liquidación de operaciones totalmente legítimas”.

Otra de las iniciativas de mayor difusión de Denaria “ha sido la de abrir un canal de denuncias para que los particulares puedan reclamar cuando no se les permita pagar en efectivo en los establecimientos y servicios, como se encuentra establecido por ley. Este canal recibe una media de 36 quejas al mes por el rechazo al pago con efectivo y contabiliza ya un total de 214 quejas desde su puesta en marcha”.

Garantía de privacidad

El presidente de Denaria insistió en que el efectivo “no establece ningún tipo de discriminación en su uso, garantiza siempre la privacidad y es un excelente regulador del gasto personal. Además, aporta una mayor seguridad en las transacciones frente al riesgo de la operativa digital y asegura la inclusión financiera de aquellos grupos sociales y personas vulnerables”.

Mario Frota, presidente de Denaria en Portugal, afirmó, por su parte, que “la sociedad digital, por ser más ágil, con medios más expeditos, no puede privar a los ciudadanos en general de derechos adquiridos a lo largo del tiempo. Tampoco va en contra de los intereses y derechos de los ciudadanos”.

El presidente de Denaria Portugal advirtió, sin embargo, que “los derechos a la protección de sus intereses económicos, a la libertad de elección de medios, a la seguridad física, a la autonomía, a la privacidad de la propia vida siempre estarán en juego cuando las personas se vean obligadas a adoptar el dinero digital en detrimento del dinero físico”.

El presidente de Denaria Portugal indicó también que “la sociedad evoluciona y los ciudadanos se adaptan, se mantienen al día con la evolución”. Y señaló que “los derechos consagrados en los Textos Fundamentales no deben ser una afrenta a la autonomía ética de los ciudadanos ni a la dignidad que se les reconoce”.

Mario Frota recordó que “Kennedy, por su parte, afirmaba que los consumidores son el alfa y el omega del mercado. Los consumidores son el motor del mercado. Que su libertad fue proclamada en medio del mercado. Pero estaban encadenados por todas partes”.

Frota realizó una defensa del derecho al efectivo. “Los sistemas no se instituyen en contra de los intereses supremos del pueblo. Sólo lo que es útil y bueno para el pueblo es correcto. El dinero físico vivirá. Así que, sepamos cómo defender nuestros derechos”. Y sentenció que la puesta en común de esfuerzos entre Denaria España y Denaria Portugal dará frutos duraderos.

Cajeros

Por su parte, el presidente de la diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo Miranda, expuso el Plan de lucha contra la exclusión financiera, a través de un servicio de cajeros automáticos instalados en dependencias municipales, que permiten a los ciudadanos disponer de un medio financiero las 24 horas del día durante todo el año.

Este Plan fue presentado en el Senado por Gallardo en septiembre de 2020 y dio pie a una posterior moción dirigida a replicar dicha iniciativa en el resto del territorio nacional. El pasado 6 de febrero de 2024, el Pleno del Congreso ha aprobado, con 312 votos a favor, el inicio de la tramitación de la proposición de ley de garantía del servicio de cajero automático en los municipios en riesgo de exclusión financiera y de garantía del acceso a los servicios bancarios.

En los últimos años, se ha producido un paulatino cierre de oficinas de entidades financieras, dejando a una parte de la población sin posibilidad de disponer, no solo de una oficina bancaria, sino tan siquiera un cajero automático que permita realizar operaciones bancarias básicas, como retirada o ingreso de efectivo, dejando a los vecinos de estos municipios en una situación de exclusión financiera.

La Diputación de Badajoz puso en marcha en 2018 un proyecto pionero en la Administración Pública de instalación de cajeros automáticos. El coste integro de la instalación y mantenimiento de este plan corren a cargo de la Diputación. En la actualidad, hay instalados 35 cajeros automáticos, cuyo coste total, una vez que finalice la ejecución, será de 4.132.931,30 euros.

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