• El presidente de Denaria asegura en una jornada que casi el 70% de los ciudadanos considera muy importante el dinero físico en su día a día

• Javier Rupérez advirtió que las regulaciones de la UE para el dinero digital y el físico “no son nada homogéneas; debería existir una neutralidad”

• Denaria destaca el esfuerzo de los ciudadanos, que se ven obligados a aumentar el importe medio de estas retiradas. En 2023 fue de 180 euros

• La previsión de Denaria es que este año se alcance el máximo histórico en la retirada de fondos, batiendo el registro marcado en 2019

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Madrid, 24 de abril de 2024. El efectivo se mantiene como una de las fórmulas de pago preferida por los ciudadanos. Así lo ha recordado el presidente de Denaria, Javier Rupérez, en la jornada organizada por esta plataforma bajo el título: “El efectivo garantía de una transición digital justa, inclusiva y segura” celebrada en la sede de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

En palabras de Rupérez, “El efectivo sigue siendo el método principal de pago para un número muy importante de consumidores en España, y casi un 70% de los ciudadanos lo considera muy importante en su día a día, como así se constata en los análisis de Denaria y en los datos del Banco de España“.

Como prueba de la importancia del dinero físico, las retiradas de fondos en cajeros automáticos durante 2023 estuvieron a punto de igualar los registros de 2019, el año previo a la pandemia del coronavirus, y ejercicio en el que se registró el máximo histórico de retiradas de fondos.

Este interés de los ciudadanos en pagar sus productos y servicios con dinero en metálico resulta aún más notable si se tiene en cuenta que los cajeros automáticos se cierran a una media de 2.000 anuales y aun así crece cada año el volumen de retirada de dinero físico en estos puntos de acceso. De hecho, el año pasado el parque de cajeros automáticos se redujo en 7.200 unidades respecto al que había en 2019.

Precisamente, debido a esa reducción del parque de cajeros, los ciudadanos han incrementado el importe medio de retirada de fondos como forma de compensar esa dificultad de acceso, y así, en 2023 la extracción media fue 180,10 euros, un 30,71% más que los 137,78 de media de 2019.

A juicio de Denaria, “lo más probable, de acuerdo con la tendencia, es que en el 2024 se supere el volumen histórico de retiradas de efectivo de 2019 con 9.000 cajeros menos, aproximadamente un 18% del total de cajeros instalados en 2019”.

Por tanto, es evidente el interés de la población en el efectivo. Durante el pasado año 2023 el volumen de operaciones de retirada de fondos en cajeros anotó un incremento del 1,80% en términos interanuales, hasta 693,46 millones de extracciones, según los últimos datos difundidos por el Banco de España. El importe de estas retiradas registró un incremento mayor crecimiento, en concreto, del 4,25%, hasta una cifra global de 124.891 millones de euros.

Es necesario recordar que en los últimos cuatro años se ha registrado una fuerte reducción de los puntos de distribución del dinero en efectivo. Desde los 50.501 cajeros automáticos del año 2019 hasta los 43.263 cajeros del cierre de 2023. Eso supone una reducción de 7.238 cajeros, lo que supone una disminución del 14,33% en estos cuatro años.

A partir de estos datos, Denaria considera que, tanto el Gobierno como el Banco de España, deberían tener previsto el número mínimo de cajeros imprescindible para atender las necesidades de los ciudadanos. De seguir esa tendencia, en cinco años habrán desaparecido 10.000 cajeros más, lo que supondría el fin para cerca de 17.000 cajeros en los diez últimos años,, cifra equivalente a un 34% de cierres de terminales desde 2019.

En este sentido, resulta muy importante, la colaboración público-privada para a mantener un nivel mínimo de puntos de retirada de fondos, con el fin de atender a las demandas de efectivo por parte de la población.

Discurso del Presidente

En su discurso de apertura de la Jornada, Javier Rupérez ha advertido sobre la discriminación de la Comisión Europea al dinero físico frente al digital. “La propuesta legislativa actual de la Comisión Europea legitima un sistema con dos formas de dinero público (físico y digital) con regulaciones que no resultan en absoluto homogéneas, cuando debería existir una “neutralidad” en las condiciones de aceptación y acceso de ambos medios de pago, como los propios bancos centrales han manifestado en distintas ocasiones”.

Durante su intervención, Rupérez señaló que “cada vez son más los países que están llevando a cabo iniciativas para proteger el dinero en efectivo, como son Holanda, Reino Unido, o más recientemente el caso de Suecia, país que se tomaba hace años como un reto conseguir una sociedad sin efectivo, y que ya está rectificando, al haberse dado cuenta de su error”.

Asimismo, el presidente de Denaria destacó el concepto del efectivo como reserva estratégica.

“La voluntad de Denaria es considerar al efectivo como bien esencial en el marco de la seguridad nacional ante los riesgos y amenazas derivados de una interrupción en el acceso, disponibilidad y usabilidad del dinero”. Al mismo tiempo recordó la obligatoriedad de los establecimientos de aceptar el efectivo en pago de productos y servicios, como recoge la ley de Consumidores y Usuarios en vigor desde mayo de 2022. “Desde mediados de 2023 hemos puesto a disposición de los ciudadanos un canal de denuncias en nuestra página web”.

El presidente de la plataforma resaltó la anomalía de la prohibición del pago del alquiler en efectivo, recogido en la Ley de Derecho a la Vivienda, “una decisión que perjudica en mayor medida a los grupos de personas más vulnerables”.

Uno de los objetivos de la asociación es ampliar el límite del pago de efectivo, que en estos momentos se encuentra en 1.000 euros, mientras que en otros países europeos se sitúa entre los 3.000 y los 10.000 euros. “Es muy significativo que el propio Banco Central Europeo considerase en 2022 desproporcionada la reducción del límite de los pagos en efectivo aprobada en su momento por el Gobierno”.

El presidente de Denaria se refirió también a “la obsesión de relacionar el efectivo con el fraude”. Indicó que el fraude fiscal es una vinculación desproporcionada, porque hoy en día la tecnología ha dado lugar a que la trazabilidad de los flujos financieros ilegales se haya hecho tremendamente complicada”.

Javier Rupérez advirtió sobre la desproporción entre el límite de pagos en efectivo fijado en 1.000 euros por el Gobierno de España y los 10.000 euros de la propuesta de la Comisión Europea, que daba además a los Estados Miembros potestad para reducirlo. Y señaló que el sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) ha constatado que son las grandes fortunas, las multinacionales y las compañías de mayor tamaño las responsables de alrededor del 75% del fraude total, mientras que autónomos y particulares suponen únicamente el 11% de esta brecha fiscal.

La jornada se organizó en torno a tres mesas de debate que analizaron diferentes aspectos relacionados con el acceso y uso al efectivo.

En la primera, “Reflexión sobre la situación del efectivo en España: Necesidades de una actuación eficaz y mejores prácticas” participaron el presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo Miranda, la presidenta de la Diputación de Palencia, María Ángeles Armisén Pedrejón, y el presidente de la Diputación de Almería. Javier Aureliano García Molina.

En la segunda mesa de debate, “Los pagos digitales y la privacidad”, tomaron parte la directora general de la Agencia Española de Protección de Datos, Mar España, y la presidenta- directora general de la Fábrica Nacional de la Moneda y Timbre, Isabel Valldecabres.

En la tercera mesa de debate, “Diferentes medios de pago y su efecto sobre el medioambiente”, tomaron parte el senior Lead Banknote R&D Expert del Banco Central Europeo, Antonio Arrieta, y el director ejecutivo de la Asociación Española de Data Centers, Manuel Giménez Rasero.

La clausura de la jornada corrió a cargo del director general de Consumo, Daniel Arribas y el secretario general de la FEMP, Luis Martínez-Sicluna.

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